En el acceso al relleno sanitario San Javier, el espacio de disposición de residuos más importante de la provincia de Salta, que recibe a diario la basura de los municipios del área metropolitana, donde vive cerca del 70 % de la población de esta provincia, más de 200 familias se asentaron, y muchas de ellas viven de la basura. Así, con la sencillez de esas palabras, se expresa la contundencia de la vulnerabilidad más absoluta.

La Universidad Católica de Salta -UCASAL-, atendiendo un pedido especial del Arzobispado, decidió trabajar en el proyecto “Vivir en la Basura”. El objetivo, realizar un análisis integral sobre las condiciones de vida en el asentamiento San Javier, donde estas familias enfrentan vulneraciones profundas a muchos de sus derechos, como el derecho a la vivienda digna y a un ambiente saludable. Lo que se conoce hasta acá es que la vida en San Javier se caracteriza por la cercanía a residuos sólidos urbanos y basurales no controlados, afectando tanto la salud como la seguridad y las posibilidades de desarrollo de sus habitantes.

En el mes de abril de 2024, UCASAL comenzó formalmente a involucrarse con la comunidad de San Javier y con las organizaciones e instituciones que están presentes colaborando de alguna manera con la comunidad. Todo esto con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), que asiste en la investigación, específicamente en la gestión administrativa, seguimiento y financiamiento a través del Centro de Gestión de Conocimiento.

Los objetivos principales que se propuso el equipo de UCASAL fueron primero, tener un diagnóstico socio comunitario claro y preciso. Se está investigando sobre variables que brinden información sobre la antigüedad de establecimiento de las familias en el lugar, la composición poblacional, sexo, edad, cuántos de los niños están escolarizados, cuántas personas adultas trabajan, el valor de ingresos aproximado, las condiciones laborales, infraestructura de las construcciones donde viven, servicios, inundabilidad, información alimentaria, entre otros indicadores. Luego, con todos estos datos procesados, el siguiente objetivo es estudiar el lugar y normativas nacionales, provinciales y municipales, enfocados en los aspectos ambientales, a fin de evaluar la posibilidad o no de formalizar una urbanización.

“Estamos enfocados en que ninguna propuesta o decisión surja de una apreciación meramente subjetiva por eso encaramos este proyecto con la mayor rigurosidad científica y académica”, explicó Alejandro Patrón Costas, vicerrector de Extensión e Integración Universitaria de UCASAL y aclaró: “No obstante, en cada paso tenemos claro que estamos trabajando con personas en situación de vulnerabilidad extrema, por lo que lo hacemos también muy cerquita de estos vecinos, especialmente con las mujeres, que ejercen mayoritariamente como jefas del hogar”.

La metodología de trabajo combina la investigación en terreno, visitas semanales al asentamiento, entrevistas, un relevamiento censal, y la recopilación de testimonios. Este enfoque etnográfico permitirá un análisis profundo y sensible de las realidades y desafíos cotidianos que enfrentan los habitantes de San Javier, quienes, en muchos casos, dependen de actividades informales y complejas como la recolección de residuos para subsistir. Todo esto en una comunidad que carece de infraestructura básica como agua potable, electricidad y obras de saneamiento, lo que incrementa su exposición a enfermedades y agrava la marginación social.

UCASAL ya cuenta con una aproximación que surge de los primeros datos del diagnóstico que son muy duros, pero son también el punto de inicio de un abordaje multidisciplinario que busca poner una lupa para sumar a los actores decisores que permitan conseguir una solución definitiva.

El relevamiento indica que en el barrio viven 220 familias, integradas por 741 personas de diferentes edades, entre las cuales se destacan unos 221 niños y niñas de 0 a 9 años.  No todas reciben asistencia directa de las instituciones y ONG’s que tienen presencia en el territorio. Aproximadamente, la mitad de estas familias recurren a los comedores del barrio por lo menos una vez a la semana. Casi el 70% de las viviendas no cuentan con servicios básicos, padecen de inundaciones por las lluvias, y se encuentran bajo situación de hacinamiento. Otro dato relevante señala que cerca del 50% de la población recibe alimentos en un comedor o merendero del barrio, posibilidad cada vez más difícil de sostener por quienes ofrecen esta ayuda. Un 13% de hogares trabaja en actividades vinculadas al vertedero. El 80% de la población que trabaja se encuentra bajo precarización laboral por trabajo informal y con ingresos menores al Salario Mínimo Vital y Móvil.